El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama y diputada nacional, Cilia Flores, fueron secuestrados por Estados Unidos (EEUU) el pasado 3 de enero, luego de un ataque militar que dejó más de 100 personas asesinadas —entre ellas 32 cubanos— y que, además, vulneró los principios esenciales del derecho internacional y la soberanía de los Estados.
La agresión constituye un precedente gravísimo a escala regional y global, visto que fue un secuestro a un jefe de Estado en ejercicio, que mantiene Washington fuera de su jurisdicción natural, sin garantías de debido proceso ni respeto a su inmunidad.
Por tanto, el proceso que enfrentan tanto Maduro como Flores en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York no es ordinario. Se trata, a todas luces, de un lawfare políticamente motivado por parte del gobierno de Donald Trump, quien ha insistido en asociar al mandatario venezolano con ser supuestamente líder del inexistente “Cartel de los Soles” y del desarticulado “Tren de Aragua”, una extinta organización criminal cuyos líderes fueron instrumentalizados por la derecha para generar acciones desestabilizadoras.
Por tanto, la audiencia de este 22 de julio —así como las anteriores del 5 de enero y del 26 de marzo— es parte de un dudoso procedimiento, dado que un tribunal doméstico no tiene facultades para juzgar a un jefe de Estado en ejercicio.
El proceso, en el que todavía no aparecen pruebas concluyentes, es considerado un “juicio” con “falla de origen”, construido a partir de narrativas falsas como el “Cartel de los Soles”, que las propias autoridades estadounidenses se han visto obligadas a reconocer que no existe.
Pese a ello, el mandatario y la primera dama ratifican ante el juzgado que son inocentes de los cargos, y la defensa, a cargo de Barry Pollack y Mark Donnelly, está en la etapa de preparación de argumentos antes de un pase a «juicio» definitivo.
En este lapso, la pareja presidencial venezolana también llegó a afrontar intentos de bloqueo del pago de sus abogados —debido a las “sanciones”— y retrasos en el proceso provocados por las solicitudes de la Fiscalía.
“Soy inocente, no culpable”
Según reportes de la prensa local, en la primera sesión judicial, el presidente Maduro entró con buen semblante y ante el juez Alvin Hellerstein se declaró inocente de los cargos de supuesto “narcoterrorismo, tráfico de drogas (conspiración para importar cocaína), y posesión de armas de guerra«.
Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país
En aquella oportunidad, en los documentos de la audiencia se constató que el jefe de Estado venezolano dijo que había visto la acusación formal, aunque aclaró que no la había leído en su totalidad. También llegó a decir que solo la había conversado parcialmente con su equipo legal.
Tras la intervención del presidente venezolano, su esposa, la diputada Cilia Flores, compareció ante el magistrado y adoptó la misma postura: “No culpable, completamente inocente”, de cargos similares a los que enfrenta el jefe de Estado venezolano.
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Foto: Cortesía
Fiscalía de EEUU admite que no existe el Cártel de los Soles
En ese contexto, el diario The New York Times reseñó que el Departamento de Justicia de ese país retiró de sus documentos oficiales la afirmación de que el «Cártel de los Soles» es una organización narcotraficante jerárquica y real, distanciándose del elemento central de la narrativa utilizada para tratar de sustentar el secuestro de Maduro.
La nueva acusación no describió al «Cártel de los Soles» como una organización criminal transnacional. En su lugar, el texto menciona solo dos veces a la inexistente organización y la define como un «sistema clientelar» y una «cultura de corrupción«, presuntamente alimentada por el dinero del narcotráfico dentro de las estructuras del gobierno y las fuerzas armadas venezolanas.
Esto se aleja radicalmente de la acusación original de 2020, que mencionaba al supuesto cártel en 32 ocasiones y lo presentaba como una entidad estructurada liderada por el mandatario venezolano.
La segunda audiencia se pautó para el 17 de marzo de 2026; no obstante, la Fiscalía estadounidense solicitó reprogramar la audiencia alegando «problemas de agenda y logística», por lo que el encuentro quedó agendado para el 26 de marzo.
Juez: No son una amenaza para la seguridad de EEUU
El segundo encuentro se dedicó específicamente al asunto del bloqueo de fondos venezolanos para pagar la defensa de la pareja presidencial.
Frente a esta arbitrariedad, sus abogados pidieron en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), en sus siglas inglesas, negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno venezolano. La OFAC concedió el pasado 9 de febrero una licencia para ello, pero la revocó tres horas después.
Sin llegar a desestimar el caso, Hellerstein cuestionó la pretensión del Departamento de Justicia para impedir que Maduro y Flores utilicen los fondos de su país para costear los honorarios de sus abogados, dado que tanto el mandatario como la primera dama ya no son “una amenaza para la seguridad nacional”.
La fiscalía argumentó que el bloqueo de fondos obedece a que EEUU no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela desde 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump reconoció como mandatario interino al exdiputado Juan Guaidó, en el marco de un plan golpista que derivó en uno de los mayores episodios de corrupción y saqueo de recursos públicos venezolanos.
Los fiscales agregaron que, en caso de no poder costear sus propios abogados, a la pareja presidencial se les puede asignar unos letrados de oficio, un planteamiento que para la defensa constituye una vulneración al derecho a contar con un jurista de su elección, conforme a lo que estipula la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU.
Para finales de abril, el Departamento de Justicia tuvo que ceder y notificó que la OFAC finalmente había emitido nuevas licencias modificadas que permitieron el pago de los abogados.
¿Qué esperar de la tercera audiencia?
La tercera audiencia —que el 4 de mayo el juez la fijó para el 30 de junio— fue aplazada para este miércoles 22, según para “evitar problemas de programación y logísticos relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad”.
Análisis de prensa señalan que para esta sesión se espera que los fiscales y la defensa aborden la clasificación y preparación de las «pruebas» del caso, así como la presentación de mociones.
Hasta ahora, la fiscalía estadounidense no ha presentado pruebas contundentes que sustenten las acusaciones contra la pareja presidencial.
Otros reportes de prensa informan que la parte acusatoria propuso a Hellerstein que el juicio comience en junio de 2027, una solicitud que genera cada vez más dudas en torno a las supuestas “evidencias” contra el mandatario y la primera dama.
Las acusaciones contra Nicolás Maduro por presunto “narcoterrorismo” por parte de Donald Trump no son nuevas. Esta narrativa tiene su origen en 2020, durante la primera administración del magnate (2017-2021), cuando el Gobierno de Estados Unidos acusó al líder venezolano de ser líder del inexistente «Cártel de los Soles«, por lo que anunció una “recompensa” de 15 millones de dólares, monto que posteriormente el Gobierno de Joe Biden (2021-2024) elevó a 25 millones de dólares.
¿Arbitraje internacional?
Un reciente análisis del diario The New York Times indica que las cortes estadounidenses podrían “no tener la autoridad para manejar su caso” debido a una ley ratificada por los propios EEUU conocida como Tratado de Extradición de 1922.
El rotativo explica que, aunque la administración estadounidense intenta justificar el secuestro del presidente Maduro como una «extradición» legal, los tribunales de EEUU carecen de autoridad, ya que existe un tratado vigente entre Caracas y Washington que incluye una cláusula de arbitraje obligatorio cuando hay diferencias entre las partes.
Es decir, el documento, que tiene fuerza de ley en EEUU, dicta que cualquier diferencia en la interpretación o ejecución del tratado debe resolverse mediante un panel de árbitros independientes.
De esta forma, el NYT concluye que existe la posibilidad de que la justicia en EEUU se vea obligada a suspender el proceso y enviar el caso a un arbitraje internacional, puesto que el gobierno venezolano sostiene que a Maduro lo secuestraron y que su detención es ilegal, por lo que existe una disputa clara entre las partes.

