Las acciones que se realizan en Cienfuegos para el enfrentamiento a la corrupción e ilegalidad fueron chequeadas con representantes de organismos y organizaciones del territorio, por la Vicegobernadora Yolexis Rodríguez Armada. El municipio de Santa Isabel de las Lajas informó acerca de resultados y tareas pendientes a ejecutar.
Yanina Guerra Acosta, directora provincial de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), refirió que el municipio de Cruces mantiene las mayores dificultades, al evaluar el impacto recaudatorio, acción que se acomete para cobrar adeudos, fiscalizar la veracidad de la información de los declarantes y evaluar la posible evasión fiscal.
Hay que conocer las reservas de ingresos de cada localidad, dijo, tener claro los particulares que reciben pagos desde el sector estatal y aplicar el régimen general para el tributo al presupuesto del Estado. Llama la atención que el 44 por ciento de los trabajadores por cuenta propia tributan por el régimen simplificado, a partir de erróneas decisiones adoptadas por las direcciones municipales de la ONAT.
Para la comercialización agrícola se concertaron precios en 14 productos y son de obligatorio cumplimiento para todos los actores económicos, con excepción de los vendedores ambulantes que solo podrán incrementar un 30 por ciento al valor inicial de los alimentos que expenden.
Así aclaró Mariela Díaz Chávez, delegada del Ministerio de la Agricultura, en Cienfuegos, al comentar que durante la feria popular del fin de semana se detectaron puntos de venta donde no habían aplicado esta decisión, lo cual fue rectificado de inmediato. Otros productos quedan libres para la formación de precios y de acuerdo con la época del año y el rendimiento de las cosechas podrá establecerse un acuerdo para la venta a la población.
El Grupo de Enfrentamiento en Santa Isabel de las Lajas informó de las acciones que realizan y se evidenció que resta mucho por hacer para erradicar manifestaciones de corrupción e ilegalidades. Cuentan con pocos inspectores estatales y se debe llegar hasta los asentamientos más al interior de la cabecera municipal, de manera que se puedan solucionar los problemas que existen.
La Vicegobernadora, Yolexis Rodríguez Armada, conoció de un estudio que arroja que 6 mil cienfuegueros ni trabajan ni estudian y persisten violaciones de precios en la transportación, así como en el comercio de bienes y servicios, entre otras ilegalidades. El pueblo exige resultados del trabajo de enfrentamiento, es la única forma de aliviar la tensa situación en que vivimos.
El representante del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano en el territorio reconoció que aun existen siete barrios precarios y se deben adoptar disposiciones como reubicar a quienes allí residen. Las construcciones ilegales son un problema por resolver y de larga data, sin soluciones radicales, otro aspecto que atenta contra la institucionalidad y la disciplina.
Raúl González Quintana, Jefe del Grupo de funcionamiento interno y asesoría jurídica del Gobierno en Cienfuegos, acotó que durante seis años se tiene un inventario de ilegalidades sin respuesta y se ha sido permisivo. Se imponen multas, se conversa, pero hay que adoptar medidas más severas, porque no hay solución y a la vista de todos.
Es evidente que no se puede asumir esta tarea como una campaña más de ocasión, sino con la sistematicidad que exige la máxima dirección del país, quienes tienen responsabilidades gubernamentales en nuestro territorio y más importante, el pueblo de Cienfuegos.