El Gobierno de Cuba calificó como un «acto de agresión» las nuevas sanciones anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra nueve entidades y dos funcionarios cubanos. La reacción fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien afirmó este 23 de julio que las medidas buscan imponer un «castigo colectivo» a la población y acusó a Washington de tener «intenciones genocidas».

A través de sus redes sociales, el canciller sostuvo que la política estadounidense pretende intensificar la presión económica sobre la isla y provocar una crisis humanitaria.

Bruno Rodríguez aseguró que las acciones anunciadas por el Gobierno del presidente Donald Trump forman parte de una estrategia para endurecer el cerco económico contra Cuba.

«Cada acto de agresión del Gobierno de EE.UU., como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano», escribió.

El funcionario también afirmó que Washington «continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba», aunque, a su juicio, cada vez resulta más evidente su intención de generar una crisis humanitaria en la isla.

¿Qué entidades y funcionarios fueron sancionados?

La nueva ronda de sanciones incluye a organismos relacionados con el sistema de misiones médicas cubanas en el extranjero, al que Estados Unidos acusa de operar bajo un esquema de trabajo forzoso y de retener parte de los salarios de los profesionales enviados a otros países.

Entre las entidades sancionadas se encuentran:

Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC).

Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM).

Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET).

Empresa de Energía S.A. (ENERSA).

EINARBO S.A.

Terminal de Contenedores de Mariel S.A.

CEIBA Investments Limited.

ORBIT S.A.

Asimismo, las sanciones alcanzan a:

Gretza Sánchez Padrón, directora de la UCCM.

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba.